La Vicerrectora  de Investigación y Postgrado de la UPEL y miembro de la Comisión de  Ciencia y Tecnología que analiza el instrumento legal, señaló las  inconsistencias que afectan tanto a los aportantes como a las  universidades.  
Clarificar  quiénes son los reguladores, aportantes, beneficiarios, el baremo y los  procedimientos para acceder al financiamiento de investigaciones, son  algunos de los vacíos de la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia,  Tecnología e Innovación (Locti), aprobada en diciembre de 2010 y que ha  llevado a los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la  Asamblea Nacional a solicitar que se reformule el  instrumento legal.
Al  respecto, la vicerrectora de investigación y postgrado de la UPEL y  miembro de la referida Comisión, Moraima Esteves, indicó que los  comerciantes, las universidades y los diferentes organismos no tienen  claro cuál será el procedimiento que regirá a la ley vigente, por cuanto  carece de reglamento. Del mismo modo, aseguró  que a las  empresas se les sigue solicitando la cancelación del tributo, pero no  hay respuesta hacia dónde se orientará el dinero recabado."Queremos que  se discuta una nueva propuesta de ley, porque esta reforma dejó más  vacíos que la ley anterior. Además, hay elementos que quedaron por  fuera", afirmó Esteves.
Para  ilustrar la situación actual, Esteves señaló que las universidades  tienen proyectos pendientes por solicitud de financiamiento, pero no  está claro quiénes serán los reguladores, porque en el FONACIT la  respuesta que les dan es que se encuentran en proceso de  reestructuración. Tampoco se conoce el baremo para la aprobación de los  proyectos, los entes que harán la evaluación, ni los procedimientos de  distribución del dinero. "Se dice que se considerarán los proyectos  incluidos en las áreas estratégicas del Plan de la Nación, pero hay  actividades que no están reflejadas allí. En el caso específico de la  UPEL,  se ve debilitada en cuanto a la operacionalización de las áreas que nosotros generamos como producto".
Finalmente,  la Vicerrectora de la UPEL señaló que las empresas también se ven  afectadas por cuanto se limitan sus posibilidades de crecimiento, porque  en la reforma se obvió la capacitación del personal, actividad que en  gran medida pueden atender las instituciones de educación superior 
 
 
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