Raúl
López Sayago aseguró que la UPEL no descansará hasta ver libres a sus
estudiantes detenidos ilegalmente. Foto (Archivo Rectorado)
“Exigimos
la inmediata libertad de nuestros estudiantes, porque fueron
aprehendidos y privados de libertad ilegalmente. El gobierno está
violando la Constitución y especialmente el artículo 49 que establece el
derecho a la defensa y al debido proceso, exigimos su liberación
inmediata”. Así lo afirmó el Rector de la UPEL, Raúl López Sayago
durante su participación este viernes 7 de julio en el programa La
Entrevista de Televen, conducida por Carlos Fernandes.
La
autoridad upelista fue contundente al denunciar que los 25 estudiantes
del Instituto Pedagógico de Maracay, detenidos arbitrariamente el pasado
2 de julio por cuerpos de seguridad del Estado, son víctimas de un
proceso ilegal y tratados como delincuentes comunes “Los detuvieron sin
que privara sobre ellos una orden de aprehensión por ningún control de
la República. Fueron ilegítimamente privados de libertad, los llevaron
ante un tribunal militar para hacer la audiencia correspondiente, sin
que ellos sean militares. Ellos son civiles y su único delito ha sido
protestar y levantar su voz en contra de lo que ellos consideran que no
se está haciendo bien en este país”.
Los
upelistas fueron imputados por los delitos de sustracción de elementos
pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, violación de
zona de seguridad, destrucción de fortaleza e instigación a la rebelión.
Acusaciones que solo se aplican a funcionarios militares. Al respecto,
el rector de la UPEL afirmó: “Pareciera que hay una guerra y que están
imputando a personas que son parte de ella, como un contrincante armado
que combate. Están viendo a los estudiantes de las universidades
nacionales como guerreros, como militares que se fueron a las armas y
están enfrentando a un gobierno y eso no es lo que está ocurriendo”.
Reiteró
que las protestas que se han desarrollado en las universidades
nacionales responden a la situación de crisis hospitalaria, alimentaria,
social que vive el país. Además, indicó que las manifestaciones
pacíficas son un derecho consagrado en la Constitución, por lo que los
cuerpos de seguridad no pueden arremeter en contra de los protestantes
pacíficos y muchos menos utilizar armas de fuego.
El
Rector de la UPEL señaló que de acuerdo con los abogados encargados de
la defensa, durante la audiencia efectivos de la Guardia Nacional
habrían entrado en la sala para amenazar a la defensa e intimidar a los
estudiantes upelistas. Pese a ello, sentenció: “Nuestros estudiantes no
están solos, estamos con ellos, nuestros abogados están permanentemente
trabajando en su defensa y pronto los vamos a tener libres”.
Asedio continuo
López
Sayago declaró que en los últimos tiempos la UPEL ha sido
permanentemente agredida, asediada, y ello ha arrojado resultados
preocupantes.
Detalló
que el pasado 2 de julio los cuerpos de seguridad incursionaron
ilegalmente en las instalaciones del Instituto Pedagógico de Maracay, se
llevaron ilegalmente detenidos a 25 estudiantes, quienes fueron
procesados por un tribunal militar y enviados a las cárceles de El
Dorado en el estado Bolívar y la cárcel 25 de julio en San Juan de Los
Morros. Previamente, los organismos represivos ingresaron a este
Pedagógico el 17 de mayo y detuvieron a 6 estudiantes de los cuales 2
fueron gravemente heridos. Asimismo, el 15 de junio grupos armados
dispararon a mansalva en contra de una manifestación a las puertas del
Pedagógico de Rubio y ocasionaron la muerte del estudiante José Gregorio
Pérez.
López
Sayago afirmó que la colocación por parte de los cuerpos de seguridad
de tanquetas en las inmediaciones del I.P Maracay, propició que el día
sábado 1º de julio los jóvenes no salieran del recinto universitario
porque tenían temor de ser aprehendidos, de allí que pernoctaron en la
sede. “A las 5 o 6 de la mañana se presentó un grupo de cuerpos de
seguridad del Estado, tipo comando, los aprehendió, se los llevaron, los
golpearon, vejaron y maltrataron, violentando sus derechos humanos, sin
que privara sobre ninguno de ellos una orden de aprehensión por ningún
órgano de control de la República. Fueron ilegítimamente privados de
libertad, los llevaron ante un tribunal militar para hacer la audiencia
correspondiente, sin que ellos sean militares. Ellos son civiles y su
único delito ha sido protestar y levantar su voz en contra de lo que
ellos consideran que no se está haciendo bien en este país.
Finalmente,
el Rector afirmó que la UPEL rechaza cualquier acto de violencia,
antidemocrático y violatorio de los derechos humanos. “Nosotros
pregonamos la paz, la sana convivencia y el respecto a los derechos
humanos de nuestros miembros de la comunidad y de todos los
venezolanos”.
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