La autoridad upelista exigió al Ministro de Educación Universitaria,
Jorge Arreaza, que se pronuncie en contra de la violencia
El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago, manifestó su rechazo a los actos violentos cometidos el jueves 21 de abril por colectivos en contra de trabajadores de esta Casa de Estudios y del Núcleo La Morita de la Universidad de Carabobo, quienes fueron víctimas de agresiones y vandalismo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, con la mirada indiferente de la Guardia Nacional Bolivariana.
El
Rector de la UPEL exigió al Ministro de Educación Universitaria, Jorge
Arreaza, que se pronuncie en contra de estos actos que lesionan a
miembros de la comunidad universitaria y destrozan bienes nacionales que
en estos momentos son difíciles de adquirir.
El
Rector de la UPEL narró que alrededor de 30 trabajadores
administrativos y obreros del Instituto Pedagógico de Maracay asistieron
a una reunión en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, en la esquina del Chorro, para discutir el aumento salarial y
aspectos relacionados con las cláusulas de la Segunda Convención
Colectiva. Los upelistas se trasladaban en una unidad de transporte de
la Universidad que los llevaría de regreso a Maracay y debieron pasar
por las inmediaciones de la sede del CNE donde se realizaba una protesta
por parte de diputados de la Asamblea Nacional. En ese lugar se
encontraba un grupo de personas identificadas con el gobierno que
implementaron una alcabala y al ver el transporte de la UPEL ingresaron
armados al autobús y agredieron a los ocupantes, en su mayoría mujeres
de edad avanzada, robaron las pertenencias de algunos de ellos y
destrozaron las ventanas del transporte universitario.
“Nuestros
trabajadores fueron brutalmente agredidos y atacados por simpatizantes
del oficialismo, al punto tal que destrozaron todos los vidrios de la
unidad, ingresaron a ella, amenazaron a nuestras trabajadoras y les
quitaron sus carteras y pertenencias personales”.
López
Sayago reiteró que se trató de un acto irracional, de vandalismo, que
desdice mucho de la imagen de Venezuela, de su pueblo que no es violento
ni agresivo. “De alguna manera se ha venido sembrando en ciertos grupos
ese tipo de actuación, con el objetivo de amedrentar y callar a la
gente, cuando con todo derecho se manifiestan en contra de lo que
consideran violaciones a sus condiciones de vida y de convivencia. Todo
esto sucedió teniendo como observador a la Guardia Nacional Bolivariana,
que debería estar al servicio del resguardo, de la integridad física de
los ciudadanos venezolanos y de los bienes de la nación. Ese autobús es
un bien nacional comprado por el Estado venezolano y asignado a una
universidad. Los que deberían resguardar al pueblo y los bienes
nacionales se convirtieron en simples espectadores de la violencia y no
hicieron nada. De esta manera, permitieron a grupos violentos actuar con
total impunidad.
En
este momento le tocó a la UPEL transitar por allí y que sus
trabajadores vivieran esa violencia. Yo quiero como Rector rechazar ese
acto vandálico, pareciera que debemos sectorizar el país para ver por
cuál ruta podemos transitar sin riesgo, porque hay rutas que están
asignadas a la violencia y vetadas a los ciudadanos comunes”.
Momentos de terror
Edgar
Nieves, secretario general del Sindicato de Trabajadores
Administrativos del Instituto Pedagógico de Maracay (SUTAIPRAEL) era
parte de la comitiva de trabajadores que fue atacada en la unidad de
transporte de la UPEL. Señaló que una vez que los colectivos vieron el
autobús de la Universidad, inmediatamente le cerraron el paso y
comenzaron a gritarles insultos como “malditos escuálidos” y
“guarimberos”, porque pensaban que se trataba de estudiantes
universitarios.
“La
turba de chavistas comenzó a lanzar piedras al autobús y tuvimos que
arrojarnos todos al piso, después se subieron al autobús armados y
apuntaron al conductor y a otro de los trabajadores. Fue una agresión
con alevosía y con la mirada silente de la Guardia Nacional, robaron a
algunas de las señoras que estaban con nosotros. Creo que la situación
no fue peor porque vieron que éramos trabajadores, no sé qué hubiera
pasado si en lugar de nosotros se hubiese tratado de estudiantes”.
Nieves
señaló que en estos momentos reciben la asesoría legal necesaria para
realizar las denuncias ante el CICPC y la Fiscalía General de la
República.
Escrito por Angley Vivas
